Los Juzgados de Lena, entre los que se encuentran en peores condiciones de Asturias

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lena, con jurisdicción también sobre Aller, están entre las salas de la región que se encuentran en peores condiciones para la prestación del servicio que desempeñan actualmente, según un informe presentado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, quien ha reclamado este miércoles, 3 de mayo, una solución urgente al Gobierno del Principado para resolver a corto plazo una situación que considera “acuciante”.

En la presentación de la memoria del Alto Tribunal asturiano relativa a 2022, Chamorro ha advertido que la sede de Lena junto con las de Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Pravia y Llanes “tienen problemas de espacio o de accesibilidad”.

Como se publicó en este periódico, las deficiencias en las instalaciones lenenses, ubicadas en la segunda planta del edificio de usos múltiples de la Plaza Alfonso X el Sabio, de La Pola, se traducían este invierno en una avería en la caldera que dejaba sin calefacción esas dependencias en la época más fría del año, con temperaturas muy gélidas, lo que provocó las protestas de la plantilla, conformada por dieciséis personas.

Dicho edificio fue construido durante el mandato del fallecido Gaudencio Tomillo en la Alcaldía y desde hace más de dos décadas se reclama su reubicación, sin que la demanda encontrase apoyo económico en la Administración. Cuando se presentó el plan de urbanización de La Llera, al norte de la localidad, se planteó para el área que los constructores tenían que ceder obligatoriamente para usos comunes, pero el fracaso de aquel proyecto inmobiliario hizo que se quedase en nada.

Con posterioridad, en 2005, el entonces consejero de Justicia, Francisco Javier García Valledor, en una visita girada a las dependencias lenenses, reconoció la precariedad de unos despachos, desbordados, que ya entonces resultaban insuficientes para soportar el elevado volumen de trabajo que generan los tribunales y se mostró a favor de poner fin a aquella situación. La inversión se cifró en torno a 1,2 millones de euros, pero tampoco apareció la consiguiente consignación presupuestaria.