El Ayuntamiento de Lena ha comenzado a aplicar una normativa con la que busca regularizar el uso de las tradicionales “cabanas” en los puertos y montes de utilidad pública en el Municipio. Se trata de un conjunto de medidas dirigidas a demostrar que realmente son utilizadas por personas que se dedican a la actividad ganadera, con la presentación de los documentos acreditativos de alta en el sector, como requisito para mantener su concesión, un condicionante que ha desatado las protestas de parte de sus inquilinos, que las consideran una "herencia familiar", al haber sido levantadas por sus antepasados.
La explotación de las “cabanas”, construidas sobre suelo público, se había regulado hasta ahora basándose en “los usos y costumbres”, y ha pasado de padres a hijos, sin ninguna reglamentación que la ordenase, una situación a la que desde el equipo de Gobierno, de Izquierda Unida (IU), se quiere poner fin. El problema con el que ha tropezado la medida municipal es que sus inquilinos alegan que fueron edificadas por sus antepasados y que, por tanto, han adquirido los consiguientes derechos hereditarios. Asimismo, inciden en que han hecho frente a los gastos en mantenimiento para su conservación durante estos últimos años. Sin embargo, de acuerdo con el articulado que recoge la nueva legislación podrían ser desalojados en el momento en que alcanzasen la jubilación laboral o cesasen en la práctica ganadera, para entregársela a un productor en activo con reses en el pastizal en el que se ubique.
A los concesionarios se les solicitan, además, fotografías de sus fachadas exteriores, unos documentos gráficos con los que se comprueba si los elementos constructivos se adaptan o no al entorno, quedando totalmente prohibidos materiales como plaquetas, chapas o uralitas.
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