El segundo proceso judicial abierto por las obras de ampliación del Casino de Lena, visto para sentencia

El segundo proceso judicial abierto por las obras de reforma y ampliación del antiguo Casino de Lena, iniciado tras una denuncia por una supuesta superación de la volumetría en la segunda planta de la clásica casona solariega de la calle Corresponsal Tino Rebustiello, junto al Parque Infantil, en La Pola, ha quedado visto para sentencia este lunes, 16 de septiembre, por lo que es previsible que el fallo definitivo se emita en los próximos días. La propiedad del inmueble, la empresa lenense “Turismo Aramo S. L.”, había solicitado una prórroga al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo para ejecutar la resolución, ya firme, que ha decretado la demolición del bajo cubierta.

Los titulares obtuvieron la correspondiente licencia de obras para el proyecto de reforma, otorgada por la Junta de Gobierno Local el 13 de julio de 2020. Sin embargo, esta autorización sería anulada por una sentencia emitida el 24 de noviembre de 2022. Como se ha publicado en este periódico, el pasado 4 de junio el Juzgado trasladaba una diligencia al Ayuntamiento de Lena y a “Turismo Aramo S. L.” para que llevasen a cabo de manera inmediata el derribo de la ampliación realizada en el bajocubierta, con un plazo máximo de diez días para proceder a la demolición, aunque se facilitaba la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución en los cinco días siguientes a su emisión.

El Tribunal Supremo (TS) había declarado ese recrecido como “no legalizable”, dando por cerrado así un proceso judicial que se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el propietario del edificio colindante, al considerar que el medio metro de altura que se había añadido en la fachada supera la volumetría permitida en el “Plan General de Ordenación Urbana” (“PGOU”) para esa zona de la localidad.

En un Pleno celebrado el 31 de mayo la alcaldesa, Genma Alvarez Delgado, anunciaba que se pediría a la sociedad titular del equipamiento que cumpliese la sentencia judicial con la máxima celeridad, si bien la empresa implicada podrá reclamar al Consistorio los costes que acarreen los trabajos, que ejecutó tras obtener licencia municipal.